El Ministerio de Sanidad ha sometido a consulta pública previa el Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública, como informó el 9 de febrero. Varios mensajes compartidos en redes sociales aseguran que este proyecto recoge la vacuna obligatoria, pero es falso. El objetivo del decreto es crear una Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública que estaba pendiente desde 2011.
“Que la gente sepa que han abierto el procedimiento de elaboración del Real Decreto para la creación de la Red estatal de vigilancia de salud pública (…) y va incluido la vacunación obligatoria cada pocos meses”, recogen varios mensajes que se han viralizado en Facebook y Telegram con información falsa.
El decreto aún no se ha redactado y el proyecto no menciona las vacunas
A fecha de publicación de esta verificación, este Real Decreto tan siquiera ha sido redactado, ya que se encuentra en fase de consulta pública previa hasta el próximo 2 de marzo de 2022. Este trámite se realiza para “recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo”, como establece una orden del Consejo de Ministros aprobada en 2016.
Es decir, todavía no se conoce el contenido de la norma porque aún no ha sido redactada, ya que se encuentra en un estado muy preliminar. Lo que sí existen son unas orientaciones sobre los objetivos que se pretenden alcanzar con este real decreto.
Estas líneas generales del decreto son de acceso público y en ningún caso mencionan las vacunas o que vayan a ser obligatorias. Asimismo, desde el Ministerio de Sanidad confirman a Newtral.es que no se contempla la vacuna obligatoria.
“El objetivo de la norma es crear la Red Estatal de Vigilancia de la Salud Pública y determinar su configuración y funcionamiento”, así como regular la creación de “laboratorios nacionales de referencia para la vigilancia en salud pública”, como recoge el documento publicado por el Ministerio de Sanidad.
Esta fase de consulta previa está regulada en el artículo 133 de la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deja claro que este trámite se realiza “con carácter previo a la elaboración del proyecto” señalando siempre “los objetivos de la norma” y “los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa”.
En este caso, la vacuna obligatoria no figura entre los objetivos de la norma, mientras que los problemas que se pretenden solucionar con el decreto pasan por “armonizar el desarrollo de los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y el nivel estatal”. Por tanto, la vacunación obligatoria no está contemplada y dista mucho del objetivo del decreto.
El decreto estaba pendiente desde 2011 y coordina a las comunidades autónomas
Como se desprende de las líneas generales publicadas para el desarrollo de este proyecto de real decreto, el objetivo es alcanzar una mayor coordinación entre las autonomías en materia de vigilancia de salud pública. De hecho, la creación de esta Red Estatal de Vigilancia ya estaba prevista en la Ley General de Salud Pública de 2011.
En concreto, el artículo 13 de esta ley recoge lo siguiente: “Con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia, se creará la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluirá entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida. Este sistema tendrá un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día”. Esto se acordó hace más de diez años y aún no se había implementado.
La vacunación no es obligatoria en España
Uno de los mayores bulos extendidos y repetidos entre los grupos antivacunas es que la vacunación contra la COVID-19 es obligatoria en España. Por ejemplo, en el verano de 2021 circuló un mensaje falso que decía que se había publicado en el BOE la vacunación obligatoria, pero se trataba de un decreto de las islas Baleares que no obligaba a nadie a vacunarse.
No obstante, como explicamos en Newtral.es, ya existe una ley en España que sí permite obligar a vacunar, aunque hasta ahora no se ha aplicado en la pandemia provocada por la COVID-19. Se trata de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, a la que se recurrió en 2010 para aplacar un brote de sarampión en Granada.
En cualquier caso, España no ha aplicado hasta el momento la vacunación obligatoria contra la COVID-19, como explica el Gobierno, mientras que el proyecto de real decreto al que alude el bulo que estamos verificando no contempla esta posibilidad.
